La propuesta se basa en un trabajo realizado por las ediles Silvina Celasco y Patricia Gramajo junto al Vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados bonaerense, Walter Martello, en donde se analizaron las distintas iniciativas que estaban vinculadas al tema en el ámbito municipal.
Sobre la figura de la Defensoría del Pueblo, explicaron, "debe ser concebida como un órgano extra-poder, resguardando su independencia bajo el principio de no sometimiento a instrucciones de autoridad alguna".
En ese sentido, detallaron que la circunstancia de la designación y remoción sea por parte del Concejo Deliberante “no implica subordinación alguna”, y adelantaron que se trata de “una característica propia de la Defensoría que no hace más que garantizarle aquella independencia y autonomía que le amerita”.
Para el legislador provincial, "el Defensor del Pueblo se generaliza debido a las demandas de formas más democráticas y participativas y sirve para el control de las actividades públicas, buscando así una mayor protección al ciudadano frente a las disfuncionalidades administrativas", explicó Martello.
Los legisladores del ARI-Coalición Cívica coincidieron en afirmar que el objeto de su creación "es la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como del conjunto de los habitantes del Municipio frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los referidos derechos e intereses de los ciudadanos".
Al momento de comentar las funciones que tendría esta nueva figura, Celasco mencionó que "el Defensor del Pueblo deberá investigar, criticar y dar a publicidad de sus decisiones contra las injusticias o errores de la Administración, provenientes de quejas o denuncias de los particulares y tendrá la facultad de iniciarlas de oficio".
Por su parte, Gramajo advirtió que "los funcionarios que esten cuestionados, o cuyas áreas sean investigadas, deberán prestar la información y asistencia que se le solicite".
El proyecto, que fue ingresado en el Concejo Deliberante local, pretende que "el Defensor del Pueblo tenga también competencia en el ámbito de la Administración Pública centralizada o descentralizada, entes autárquicos, Empresas, y personas jurídicas públicas no estatales o privadas, en cuanto ejerzan prerrogativas de orden público y caerán bajo su control las privatizadas de servicios públicos".
Por último, Martello afirmó que "en el marco de la búsqueda de mayor participación y de control de la gestión que proclama el intendente Gray, es de suponer que en esta oportunidad nuestro proyecto será aprobado, o al menos mejorado por el resto de los concejales, para su posterior promulgación".
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