EL ARI PROPUSO QUE EL CONTRATO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SEA POR 4 AÑOS.

Para la fuerza política, de este modo, no se comprometería a una futura administración municipal con un sistema indirecto para la prestación de este servicio.

Esta fue una de las propuestas que elaboró esta fuerza política, representada por las concejales Silvina Celasco y Patricia Gramajo y el diputado provincial Walter Martello, en la Audiencia Publica a la que se convocó para el análisis del modelo de Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares del futuro servicio de recolección de residuos.

Además, solicitaron que debe insertarse una cláusula que deje debidamente establecido que una misma empresa o grupo económico, no puede bajo ningún concepto, resultar adjudicataria de la prestación del servicio de recolección de residuos en las dos zonas en las que se divide el distrito.

También, desde el ARI Coalición Cívica se destacó que fue una constante apoyar aquellas formas de democracia participativa, como lo es la audiencia pública, por la doble función que cumple en la sociedad. Por una parte, como adecuado complemento de la democracia representativa y por la otra, como valiosa herramienta que permite dar transparencia a la gestión de los funcionarios públicos.

Además, los representantes del ARI apuntaron que es desprolijo que en la página Web del Municipio, figure en forma parcial el Convenio de Transparencia suscripto con la Fundación Poder Ciudadano.

También, indicaron que el Departamento Ejecutivo envió al Concejo este expediente, a efectos de que se convalidara su suscripción, que significaría para el Municipio una erogación de $ 32.500.

Esto constituye un gasto especial para el Municipio por lo cual se debe cumplir con lo normado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Sin embargo, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto en el que se autoriza a imputar la suma comprometida en el convenio, insistiendo que se trata de un gasto corriente y ordinario. Fue tratado y aprobado en la última sesión y tuvo el rechazo de parte del bloque ARI- Coalición Cívica quien sostuvo que no se cumplía con la Ley.

UNA OBJECIÓN DE LOS CONCEJALES DEL ARI MOTIVA UNA EXTRAORDINARIA PARA AUTORIZAR EL CONVENIO CON PODER CIUDADANO.

Se convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes al mediodía a fin de aprobar un Convenio Marco con Poder Ciudadano para poder garantizar la realización de la Audiencia Pública el próximo 21 de mayo. Fuentes del Ejecutivo local negaron que la Audiencia Pública corra algún riesgo de caerse.

Luego de que en la última sesión ordinaria, concejales del bloque ARI señalaran ciertas anomalías para poder votar a favor de suscribir un Convenio Marco con Poder Ciudadano, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Plata, el expediente quedó en la Secretaría del Concejo Deliberante a la espera de que el municipio girara una respuesta.

En este marco en el transcurso de la tarde del jueves el Departamento Ejecutivo realizó el expediente correspondiente, explicando a los ediles de los diferentes bloque que la partida se obtendrá de la prorroga del presupuesto 2007; convocándose para ello a una sesión extraordinaria para este lunes 19 a las 12 horas. Esta sería la 4ª sesión extraordinaria en lo que va del año, y el único tema que tratará será la aprobación de un Convenio Marco con Poder Ciudadano, para poder garantizar que la Audiencia Pública se concrete sin inconvenientes

Cabe destacar que durante la sesión ordinaria se llamo a un cuarto intermedio para decidir cómo dialogar sobre la cláusula 10, la que tendría que estar conformada para poder habilitar la cuenta; algunos concejales se mostraron un poco molestos con sus pares del ARI, considerándola “una jugada poco amigable”.

En cuanto a las dudas que surgieron luego de la sesión, respecto a una postergación de Audiencia Pública, fueron desestimadas por fuentes del Ejecutivo local.

Texto original: Fernando Rodriguez
Nota Publicada en Urbano Echeverria

VECINOS DE BARRIO GRANDE PREOCUPADOS POR LA BASURA.

La concejal Gramajo mantuvo una reunión con ellos a raíz de que sufren por la cercanía de un basural clandestino y a ello se suma que no les recogen sus residuos domiciliarios.

La concejal del Bloque ARI-Colación Cívica Patricia Gramajo mantuvo un encuentro con los vecinos de Barrio Grande, de Esteban Echeverría, quienes le manifestaron su preocupación por la existencia de un basural clandestino en las cercanías de sus hogares, al tiempo que denunciaron carecer de un servicio de recolección de residuos domiciliarios.

El problema que padecen éstos se debe a que el barrio esta ubicado frente a unos terrenos pertenecientes al Partido de Almirante Brown, en donde se comenzaron a arrojar desechos, lo cual generó que aparezca una especie de basural clandestino.

En ese sentido, los vecinos le comentaron a Gramajo que constantemente se ve llegar a particulares y hasta camiones que depositan en esa zona, a metros de la intercesión de las calles Las Violetas y ANMAT, distintos tipos de residuos, algunos hasta mencionaron que se suele ver material descartable similar al que se usa en hospitales y clínicas.

Además, se comenzaron a encontrar ratas en la zona, producto de la basura que se amontona.

Si bien Gramajo escuchó el reclamo, el gran problema es que los predios pertenecen a otro distrito, por lo cual la concejal pensó en que el Concejo Deliberante de Echeverría le pueda enviar una nota a sus pares de Brown, para que analicen al menos la posibilidad de alambran el predio y de ese modo evitar que se pueda continuar ingresando al lugar para arrojar basura.

Pero los problemas de estos vecinos no terminan con sólo este reclamo, ya que tampoco por su barrio pasan los camiones que recolectan los residuos, por lo cual ellos mismos se deben organizar para quemar sus desechos, con los riesgos a la salud que eso implica.

Entonces le pidieron a la concejal del ARI-Colación Cívica la posibilidad de que los asesore para ver la forma por medio de la cual podrían resolver esta cuestión.

Según comentó Gramajo, le mencionaron que la recolección de residuos se hace, en esa zona, tan sólo por la calle Alvear, la cual es una de las pocas que esta asfaltada, dado que la mayoría de las arterias de esta barrio son de tierra o mejorado.

CUESTIONAN EL CAMBIO DE RECORRIDOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE.

Se trata de ramales de las líneas 501 y 394. Celasco y Gramajo indicaron que cualquier modificación en el recorrido del transporte público de pasajeros debe ser autorizada por el Concejo Deliberante.




Las concejales del ARI-Coalición Cívica Silvina Celasco y Patricia Gramajo le solicitaron al Ejecutivo Comunal que informe si tiene conocimiento, o si autorizó la modificación de los recorridos de los ramales 8 A y Siglo XX de la línea 501 y Aeropuerto de la línea 394. Decisión que generó severos perjuicios a quienes concurren en horario nocturno a la Escuela Naciones Unidas y al Policlínico Santamarina.

Al respecto, las ediles explicaron que anteriormente los ramales 8 A y Siglo XX, de la línea 501 y Aeropuerto de la línea 394, hacían su recorrido por la calle Alvear cruzaban Boulevard Buenos Aires hacia Cardeza, donde doblaban para luego volver a retomar Boulevard Buenos Aires.

Pero, este camino se modificó y las líneas mencionadas, al llegar a la intersección de la calle Alvear con Boulevard Buenos Aires, doblan directamente hacia esta última arteria, sin pasar por la calle Cardeza.

Entonces, detallaron, que las personas que concurren en horario nocturno a la Escuela de Educación Media Nº 1 Naciones Unidas se ven perjudicadas, ya que en la actualidad deben caminar una cuadra para acceder al colectivo, cuando antes lo hacían sobre la acera que se encuentra al frente del referido establecimiento educativo

Idéntica problemática afecta a las personas que concurren al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, las que deben caminar aún más para acceder a los transportes públicos en cuestión

Además, alertaron que en el distrito se están registrando últimamente muchos hechos delictivos, como consecuencia de la falta de seguridad y destacaron que la modificación del recorrido de los transportes públicos precitados, contribuye a agravar tal situación.

En ese sentido, detallaron que, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, “cualquier modificación en el recorrido de una línea de transporte público de pasajeros debe ser autorizada por el Departamento Deliberativo”, lo que, al parecer, no ocurrió.

Las concejales presentaron, además, para su tratamiento en la próxima sesión un proyecto de Ordenanza por el cual solicitan la modificación del artículo 96 de la Ordenanza General Nº 267 (Procedimiento Administrativo Municipal), a raíz de que en el mismo no esta fijado el plazo que existe para recurrir a la Justicia ante actos dictados de oficio por el Ejecutivo Comunal en los cuales se rescindan, modifiquen o interpreten contratos administrativos.

En los fundamentos del Proyecto de Ordenanza, explicaron que la actual redacción de ese artículo 96 genera “una situación de incertidumbre” que compromete “el derecho de defensa”, ya que existe un vacío legislativo respecto al momento en que nace el plazo para recurrir a la Justicia.

Comentaron que en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, quedaba disipada toda duda con relación al tema, ya que estaba claro que el plazo de caducidad para la promoción de la acción contenciosa administrativa, fijado por el artículo 18 del Código, comenzaba a correr a partir del día siguiente al de la fecha de la notificación del acto administrativo que rechazaba el recurso.

Sin embargo, apuntaron que lamentablemente, en ocasión de reformarse el artículo 14 del Código por la Ley Nº 13.101, se omitió incluir la referencia al tiempo que existe para recurrir a la vía judicial.

Además, expusieron que “no cabe ninguna duda, acerca de la competencia que les cabe a los concejos deliberantes de modificar e inclusive abrogar Ordenanzas Generales - dentro de los límites territoriales del partido”.

De este modo, la redacción del artículo 96, sería la siguiente “Cuando el recurso se deduzca contra actos dictados de oficio, comprendiendo los que rescindan, modifiquen o interpreten contratos administrativos, podrá ofrecerse prueba de acuerdo con los artículos 55 y 56. Si los actos referidos en el artículo 95 y el presente emanaren del Departamento Ejecutivo, sólo procederá el recurso de revocatoria facultativo, en cuyo caso el plazo para la promoción de la acción judicial, fijado por el artículo 18 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, comenzará a correr a partir del día siguiente al de la fecha de la notificación de la decisión administrativa por la que se rechace el recurso”.