El ARI rechazó la adhesión del municipio al Fondo Federal Solidario

Para la fuerza política con esta iniciativa el Gobierno nacional intenta tapar sobre anuncio de políticas de justicia social y de federalismo la falta de intención de terminar con el conflicto que ellos mismos generaron con el sector rural.

Las concejales del bloque ARI-CC, Silvina Celasco y Patricia Gramajo, manifestaron su rechazo a que el municipio de Esteban Echeverría firme un convenio para ingresar al denominado Fondo Federal Solidario.

Para las ediles, la creación de este sistema tiene características similares al proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso nacional en 2008, mediante el cual pretendía ratificarse la Resolución 125. En él se creaba un fondo de redistribución social, formado con el exceso de derechos de exportación de soja sobre una alícuota del 35%. De esta manera, explicaron, el Gobierno intenta tapar sobre anuncio de políticas de justicia social y de federalismo la falta de intención de terminar con el conflicto que ellos mismos generaron.

Al momento de defender su posición en el recinto, Gramajo aseveró que este fondo estará compuesto por el 30% de las sumas que el Estado nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados.

Sin embargo, apuntó que en los fundamentos del decreto que creó este sistema, se demuestra específicamente que la forma de distribución no será el 30% a las provincias sino que será “conforme los mismos porcentajes establecidos en los artículos 3º, 4º, 8º, correlativos y concordantes de la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias”.

De esta forma, recalcó “queda en evidencia que en definitiva lo que llegará a las provincias será sólo del 16% de lo recaudado por derechos de exportación y no el 30% como fue manifestado en el discurso que brindó la presidenta de la Nación, para anunciar la puesta en marcha de este sistema”.

En tanto, opinó que sería prudente que el Congreso de la Nación decida sobre el nivel adecuado de retenciones y con eso garantice un nivel de rentabilidad razonable al productor y recaudación suficiente a las provincias vía coparticipación.